En nuestra joven democracia ningún Gobierno de España ha estado cómodo
con la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución española que deja
sin atribuciones al Gobierno de una Comunidad Autónoma.
La primera vez que se dió la posibilidad de aplicar este artículo fue
con el Gobierno de Felipe González en 1989. El Gobierno díscolo en aquella
ocasión fue el Canario. Con el ingreso de España en el Mercado Común europeo
dicha Comunidad Autónoma se negó a aplicar la desaparición de aranceles que se recogía
en el Tratado de Adhesión porque manifestaban que perjudicaban económicamente
los intereses del archipielago canario. Lorenzo Olarte (CDS), Presidente de la
Comunidad Autónoma Canaria, se enfrentó a Carlos Solchaga (PSOE), Ministro de
Hacienda, y no daba su brazo a torcer. El Gobierno de González amenazó con
aplicar el artículo 155, y con él la suspensión del Gobierno y de las
competencias de la Comunidad Autónoma, si no se avenían a razones. El Consejo
de Ministros envió un requerimiento por escrito al Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Canarias dando un plazo de un mes para que se cumplieran las
normas. Lorenzo Olarte y Josep Borrell, entonces este Secretario de Estado de
Hacienda, se vieron las caras durante una dura negociación. Al final primó el
sentido común y no hizo falta aplicar el artículo 155 de la Constitución en esa
Comunidad Autónoma. Fue un alivio para el Gobierno de González que no le
agradaba aplicar este artículo por sus drásticas consecuencias con la anulación
del autogobierno autonómico en esa Comunidad. Pero a González no le templó el
pulso, lo hubiera aplicado si hubiera sido necesario, después de obtener su
aprobación en el Senado.
Los Constituyentes legislaron este artículo para evitar las actuaciones
ilegales de un hopotético Gobierno rebelde de una Comunidad Autónoma. Es uno de
esos artículos que se legislaron con el convencimiento que nunca se iba a
aplicar porque cuando se redactó nadie podía imaginar que se aplicaría. Lo
legislaron por si acaso, copiando a otras legislaciones europeas. Pues menos
mal que lo redactaron, sólo hace falta ver su utilidad después de los
acontecimientos independentistas avalados por el Gobierno de la Generalitat de
hace un año en Cataluña para corroborar su necesidad en la legislación
española.
El artículo 155 ya se ha aplicado una vez y con esa se ha abierto la
puerta para aplicarlo a partir de entonces cuantas veces haga falta. Ya no hay
tanto pudor para dar el paso, ya se ha hecho antes, ¿por qué no aplicarlo de
nuevo si hace falta?. Fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que lo puso en
práctica por primera vez, con el apoyo de Ciudadanos y PSOE, después de un
referendum ilegal en Cataluña. Rajoy lo aplicó iin extremis, tarde, durante
poco tiempo y descafeinado. Lo tenía que haber aplicado mucho antes, por
ejemplo con el referendum consultivo ilegal de Artur Mas. Los independentistas
no hubieran llegado tan lejos con la DUI y sus actitudes desafiantes contra el
Estado español.
Sin embargo después de haberlo aplicado, las cosas no mejoran en Cataluña
transcurrido un año y con un Gobierno de España diferente cuyo Presidente,
Pedro Sánchez, lo es por los apoyos de los miembros de los partidos políticos
independentistas con representación en el Parlamento español. El Gobierno de
la Comunidad Autónoma catalana ha optado por una política frentista contra el
Estado español proponiendo disparates sin igual como que el Gobierno indique a
los jueces que no acusen por rebelión a sus compañeros independentistas que
están en prisión preventiva en una campaña de desprestigio hacia los jueces y
la Justicia española. Una barbaridad que sorprende aún más por ser propuesto
por el Presidente del Gobierno autonómico catalán que, a su vez, es el
representante del Estado en Cataluña. ¿Y la separación de poderes?, norma
básica en una democracia. Que lapsus tan grande que sólo puede ser fruto de una
provocación más. Ya han intentado desacreditar al Rey en Cataluña como máxima
representación del Estado español produciendo el efecto contrario: cuanto más
insultan al Jefe del Estado más se engrandece su figura. Su talante, su
formación, su tolerancia, su auctoritas,
está por encima del acoso independentista que no conduce a nada salvo a su
propio desprestigio.
Ciudadanos y el Partido Popular solicitan ya la aplicación - de nuevo -
del artículo 155. Con los votos del PP en el Senado se puede aprobar la
aplicación de este artículo y suspender esa Comunidad Autónoma.
Dicho artículo manifiesta expresamente en su punto uno que “si una Comunidad Autónoma no cumpliere las
obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, ó actuare de forma
que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo
requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser
atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las
medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas
obligaciones ó para la protección del mencionado interés general”.
La iniciativa la tiene que emprender el Gobierno. Ya sabe Sr. Sánchez,
que no le tiemble el pulso y no dude ni un segundo en proponer la aplicación de
esta medida cuando sea necesario. Que no tenga que aplicarlo cuando ya no haya
otro remedio porque han vuelto a declarar una DUI. Piense en la mayoría de los
catalanes que quieren vivir en paz y en armonía dentro del Estado español
autogobernándose desde su Gobierno autonómico. No permita más ni una sola
provocación, ni una sola falta de respecto, ningún otro desafío
inconstitucional. Que así sea.
Este artículo se ha publicado con anterioridad en mi columna de opinión del periódico Alicante Press
