La lealtad es un vínculo y un
valor humano que consiste en el compromiso, la fidelidad y el respeto
incondicional hacia una persona, grupo, comunidad, causa o hacia los propios
principios.
No me refiero a la obediencia
ciega. Tampoco a renunciar a tus propias ideas, a la crítica e incluso a la
discrepancia. Afirmo algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más
importante: saber respetar a quienes representan aquello que está por encima de
nosotros mismos.
Me refiero la lealtad hacia
una Institución. Y sobre todo lealtad hacia las reglas de convivencia que todos
nos hemos dado.
España es una Monarquía
Parlamentaria. Esto no es una opinión ni una cuestión de simpatía personal. Lo
dice nuestra Constitución. Y la Constitución establece que el Rey es el Jefe
del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. También le concede la función
de arbitrar y mediar el funcionamiento regular de las instituciones. Con esta
Constitución, aprobada por el pueblo español, hay algo que es elemental para
cualquier dirigente político: respeto institucional a quien ocupa la Jefatura
del Estado.
Y es aquí que la polémica de
hoy nos lleva a reivindicar la lealtad. Pedro Sánchez ha cuestionado
públicamente que Felipe VI no ha visitado Ceuta y Melilla durante su reinado.
En una entrevista hoy a la Cadena Ser (por el pasado 1 de septiembre) ha
llegado a afirmar “durante sus 20 años de reinado”, una cifra que no se
corresponde con la realidad: Felipe VI fue proclamado Rey de España el 19 de
junio de 2014.
Pero más allá del error de
cálculo, hay una cuestión mucho más importante. ¿Quién decide cuando y en qué
circunstancias se producen las visitas oficiales, o de fuerte calado político, del
Jefe del Estado?
Porque no estamos hablando de
un ciudadano particular que decide espontáneamente coger un avión y desplazarse
a una ciudad determinada. Estamos hablando del Rey de España. Y el propio Orden
Constitucional establece que los actos del Rey están sujetos al refrendo del
Presidente del Gobierno o de los ministros competentes. Por esto resulta llamativo escuchar ahora críticas
de Pedro Sánchez hacia el Rey por una ausencia cuya solución requiere
precisamente un acuerdo y coordinación institucional entre la Jefatura del
Estado y el Gobierno. Más aún cuando el
Presidente del Gobierno sí ha viajado a Ceuta.
Entonces hay que hacer una
pregunta que quizá sea incómoda. Si el Presidente del Gobierno puede viajar a
Ceuta, ¿por qué no lo ha hecho aún el Rey Felipe VI, por qué no se ha
encontrado el momento institucional adecuado para que haga ese viaje el Jefe
del Estado español?
Cuando hablamos del Rey no
deberíamos hacerlo pensando únicamente en Felipe VI como persona, lo tenemos
que hacer pensando que representa a la Institución de la Corona. Es la Jefatura
del Estado. Quien constitucionalmente representa la unidad y permanencia de
España. Y precisamente por esto, un Presidente de Gobierno debería ser
especialmente respetuoso cuando se refiere públicamente al Rey.
La crítica política forma
parte de la democracia. También la discrepancia. Pero la lealtad institucional
debe de estar por encima de la estrategia política del momento. Máxime cuando
el Rey no entra en el juego político, no es su cometido.
Y ahí está la grandeza de una
Institución que, por definición constitucional, está por encima de la batalla
partidista.
Un país en el que la lealtad
se sustituye por la conveniencia, el respeto por el cálculo político y los
principios por la oportunidad, corre el riesgo de quedarse sin aquello que
realmente mantiene unida a una nación. Una sociedad que pierde el respeto por
sus instituciones termina también perdiendo el respeto por sí misma.
Lealtad no significa
renunciar a tus propias ideas, sino no traicionar aquello que está por encima
de nuestras propias ambiciones. Y en España respetar al Rey como Jefe del
Estado debería ser una cuestión de lealtad institucional.
No se puede reclamar respeto
a las instituciones cuando interesa, y cuestionarlas cuando dejan de servir al
político de turno para su relato.
No se puede exigir al Rey que
represente a todos los españoles y, al mismo tiempo, convertir su ausencia en
determinados territorios en un arma de confrontación política. Y menos aun
cuando hablamos de Ceuta y Melilla. Dos ciudades españolas que necesitan,
especialmente en momentos de dificultad, algo más importante que una discusión
partidista: necesitan sentirse respaldados por España.
Felipe VI no tiene poder
ejecutivo, no corresponde al Rey gestionar una crisis migratoria, ordenar un
dispositivo policial o negociar con Marruecos. Pero sí tiene una función
constitucional de representación, cohesión y unidad.
Y quizá por eso su presencia
en Ceuta y Melilla tiene un valor superior a lo que trasciende una
fotografía. Porque el Rey está,
acompaña, manifiesta con su presencia que no están solos e insta a los
distintos ministerios a poner las bases para resolver los problemas. Y
precisamente por esto sorprende que no haya ido a Ceuta y Melilla desde que fue
proclamado Rey.
En estos 12 años, 8 han sido
durante la presidencia de Pedro Sánchez, por lo que su afirmación reprochando
la no visita del Rey a esas dos ciudades autónomas resulta muy curiosa. ¿Lo
entiende, quizá quiere tapar con esta polémica la presunta mala gestión de su
Gobierno en Ceuta?
Ahora, ante el clamor
popular, el Presidente Sánchez anuncia que el Rey irá a Ceuta “cuando se den
las condiciones”.
Ojalá sea pronto. Y ojalá
nadie convierta esta visita en una victoria política. Porque el Rey no
representa a ningún partido político, el Rey representa a todos los españoles.
Con este mismo titulo y un texto muy parecido publiqué el pasado 1 de septiembre un artículo en mi columna de opinión del periódico El Consistorio Digital,
