La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey

 

La Justicia se imparte en nombre del Rey en España. Así lo dice el art. 117 de la Constitución española que dispone que "la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey a través de Jueces y Magistrados del poder judicial". Por este motivo el Rey abre el año judicial y preside la entrega de despachos de los nuevos jueces. Este año esto último lo ha impedido el Gobierno dice que para preservar la seguridad del Monarca en Barcelona. Grave sería que fuera esta la causa, que el Gobierno de España no fuera capaz de asegurar la seguridad del Jefe del Estado en una ciudad del Reino de España. Todos sabemos que las razones son otras, es un alto precio político que el Gobierno cede ante las negociaciones con los partidos independentistas de Cataluña para que le apoyen en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de este año. Es una nueva claudicación de un Gobierno débil. Es la demostración de la ambición de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder. Pero todo esto crea una incertidumbre muy grande porque ¿hasta dónde llega su ambición para seguir siendo el inquilino de la Moncloa?. Es cierto que se respalda en los que le apoyaron en la Moción de Censura contra Rajoy y en la Moción de Investidura después de las últimas elecciones generales, pero hay otras mayorías que no ha buscado que dieran más certidumbre al Gobierno de España. La ausencia del Rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces ha provocado un revuelo político que han aprovechado los radicales de izquierdas para arremeter otra vez contra la Monarquía Parlamentaria.

Cuanto más ataca Unidas Podemos al Rey Felipe VI, más adeptos tiene la Monarquía Parlamentaria en España por afiliados o simpatizantes de la izquierda moderada del PSOE, pasando por los de PP y Cs, hasta los de la derecha radical del VOX. Incluso algunos que se definen republicanos, no quieren una República en la que les represente políticos como Iglesias o Garzón porque el actual modelo de Estado funciona. Y porque no son tiempos de aventuras.

Para muchos es criticable que la ultraizquierda ataque a la Monarquía Parlamentaria, el actual modelo de Estado de España, aunque pueden hacerlo siempre que lo hagan desde la legalidad, pero lo tremendo es que lo hacen desde el propio Gobierno de España, como si estuvieran en la oposición, políticos como Iglesias o Garzón que han jurado o prometido lealtad al Rey como Jefe del Estado. Entonces, ¿qué entienden ellos por lealtad?.

Una vez más el Rey está en el punto de mira de quienes se han puesto como meta derribar la Monarquía. No buscan hacerlo cumpliendo los requisitos constitucionales, muy complejos, por cierto, sino queriendo provocar el descrédito de la Institución y una revolución social. Con el gravísimo problema que tiene España con el covid-19 y la crisis económica que este ha generado, ahora Iglesias o Garzón pretenden provocar una crisis institucional sin precedentes en España como nunca antes se había producido. No lo van a conseguir. Primero porque ni el Presidente del Gobierno lo va a aceptar, ni nadie en el Parlamento con sentido común lo va a respaldar. A Pedro Sánchez se le puede tachar de ambicioso, que lo es; de mentiroso, lo ha demostrado; pero no es tonto sino todo lo contrario. Sabe que una crisis institucional ahora resta credibilidad a España, daña la imagen del Estado español y perjudica mucho las negociaciones en Bruselas con la Unión Europea.

Iglesias hace su papel. Ha manifestado trabajar para cargarse la Monarquía. Una vez más echa balones fuera para tapar sus presuntas corruptelas y las de su partido, para intentar frenar su caída en intención de voto desde hace tiempo. Sus acciones son cortoplacistas, no conduce a nada salvo a crear incertidumbre. Por su parte, Garzón busca un protagonismo que no tiene ni en la coalición con UP ni mucho menos en el Gobierno de Coalición de Pedro Sánchez. Es un oportunista devaluado.

La postura del Rey es de neutralidad absoluta, ya lo resaltaba ayer Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno. Las acciones del Rey se basan en el largo plazo, con altura de miras, con visión de Estado. El Rey es la única persona en España que aglutina en sí mismo la representación institucional de todos los españoles, no tienen ideología ni forma parte de ningún partido político.

En la Constitución no está regulado lo que no puede hacer el Rey, como tampoco lo está lo que el Gobierno puede prohibir que haga el Jefe del Estado. La Constitución deja muy abierta la interpretación en este sentido. Es lógico que el Rey no puede ejercer su liderazgo ni sus acciones en contra de la política del Gobierno, pero su asistencia a la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona no iba en contra, entonces ¿por qué no fue, por qué el Gobierno se lo impidió? Dejo que usted responda a esta pregunta, seguro que estamos de acuerdo.