En la España de hoy ya nadie se cree que unas aulas puedan estar
secuestradas. Eso es propio de Dictaduras, de Estados totalitarios donde se
prohíbe el acceso a la cultura y al conocimiento, donde se silencia la palabra
y se cuestiona la libertad, donde es la fuerza y la intimidación la razón que
se quiere imponer.
La tensión en las calles catalanas por las protestas contra la
sentencia del proçes se traslada ahora a la Universidad. En Cataluña la
Universidad está en huelga. Se impide el acceso a las aulas por la fuerza. No
son sólo piquetes informativos. Son personas, mayoritariamente jóvenes, con la
cara cubierta, quienes impiden el acceso a la Universidad. A empujones,
poniendo barricadas y obstáculos que impidan la apertura de las puertas.
Los medios de comunicación audiovisuales de telediarios y redes
sociales reprodujeron ayer cómo los universitarios catalanes que querían
acceder a las aulas de la Universidad Pompeu Fabra ó en la Escuela Politécnica
Superior de Ingeniería de Manresa de la Universidad Politécnica de
Cataluña, no pudieron hacerlo. Unos pocos piquetes pudieron contener a
cientos de estudiantes que, indignados, se quejaban de no poder acceder a
clase.
“Las aulas son de todos” era el grito de los universitarios demócratas
catalanes que querían entrar en clase y unos encapuchados se lo han impedido.
Sorprende esta actitud y sorprende más la impunidad con que actúan esos
piquetes. Ni un mosso ha participado para que se recupere el orden público, ni
un rector de la Universidad ha hecho volver a la cordura a esos
revolucionarios, ninguno de los dos han mediado para que todos ejerzan sus
derechos: los que quieren entrar en clase y los que quieren hacer huelga. Se ha
dado prioridad a lo segundo por miedo y por la inseguridad que pueda producir un
altercado violento por los que imponen sus criterios por la fuerza.
No ayuda que los claustros - el órgano más representativo de la
comunidad educativa - de algunas universidades, como la de Girona ó Barcelona,
hayan flexibilizado las evaluaciones de los alumnos, incluso con una evaluación
única para el alumno que lo pida, para mantener la huelga y evitar
enfrentamientos entre los que quieren ir a clase y seguir con la normalidad
académica de la Universidad y los que quieren la asistencia a huelgas y manifestaciones
en la calle.
A su vez, el Foro de Profesores y Universitarios por la Convivencia
(unas 800 personas) han mandado una carta a los rectores de las universidades
catalanas para quejarse del posicionamiento público de algunos centros en
contra de la sentencia del procés manifestando que “las administraciones
educativas, en este caso las universidades, no tienen derechos, tienen
potestades. La libertad de expresión es un derecho fundamental que corresponde
a las personas. El hecho que una administración se exprese en nombre de todos
sus miembros implica una evidente agresión a la libertad ideológica, protegida
por el artículo 16 de la Constitución”
Toda esa actitud revolucionaria e independentista se les vuelve cada
vez más en contra. Entre el hastío y el cansancio de quienes están hartos de
tanto desasosiego, hay un importante dato que destaca entre todo este ajetreo.
Hasta ahora se pensaba que los universitarios eran independentistas. Estamos
viendo que no es así. Tampoco el personal docente. Incluso son los piquetes los
que son minoría porque una mayoría de estudiantes son los que manifiestan que
quieren entrar en clase y seguir con la normalidad de la universidad. Están
ganando a la presión secesionista y expresando que ellos también tienen derechos,
y uno de ellos es el de la formación, también el de la información. En
libertad. Aunque los independentistas se han olvidado de este hermoso derecho y
de respetarlo. Pues eso.
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